La dictadura de la Revolución Libertadora (1955/1958)
Tres meses después del bombardeo a Plaza de Mayo, un nuevo alzamiento militar forzó la caída del gobierno constitucional de Juan Perón. Comenzó entonces un proceso represivo cuyas primeras intenciones eran "desperonizar" a la sociedad argentina. Para lograr ese objetivo, la dictadura de la Revolución Argentina apeló incluso a fusilamientos y prohibiciones políticas en un contexto de políticas económicas regresivas para el conjunto de los trabajadores.
Actividad: leer los siguientes fragmentos tomados de "Historia Argentina 1955/1976", editorial Aique.
El golpe cívico militar contó con el apoyo de la mayoría de los
miembros de las Fuerzas Armadas, la burguesía agraria y la industrial, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos de la oposición y la Iglesia católica. Todos estos sectores de la sociedad
argentina coincidían en caracterizar al régimen peronista como
una “dictadura totalitaria”. Por esta razón se sintieron identificados
con el nombre de “revolución libertadora”, que los militares golpistas dieron a la intervención que quebró el régimen democrático. Los jefes militares que encabezaron el golpe se presentaron ante la sociedad como los verdaderos representantes de la democracia y la libertad.
En su primer discurso público como presidente "de facto", el general Eduardo Lonardi afirmó: “La victoria no da derechos. En esta
lucha no hay vencedores ni vencidos". Coherente con sus palabras,
se negó a intervenir la CGT y a disolver el Partido Peronista. Desde su punto de vista, se trataba de emancipar a los trabajadores de Perón. Para Lonardi, la intervención de las Fuerzas Armadas debía
limitarse a poner fin al poder discrecional de Perón, instaurar el Estado de derecho y negociar con algunos dirigentes peronistas para ampliar el consenso de la “revolución libertadora".
Lonardi era partidario, junto con algunos miembros de su gabinete, de establecer acuerdos con sectores del gobierno depuesto. Pero esta posición no era representativa de los sectores sociales más
poderosos que habían apoyado el golpe, ni contaba con el acuerdo
de los otros jefes militares golpistas. El almirante Isaac F. Rojas (que
además de vicepresidente y jefe de la Armada era el presidente de
una Junta Consultiva integrada por representantes de los partidos
antes opositores) no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de acercamiento ni acuerdo con sectores peronistas. Finalmente, en noviembre de 1955, Lonardi fue obligado a renunciar y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien asumió como presidente de la Nación.
Luego del desplazamiento de Lonardi, la “revolución libertadora”
profundizó su orientación antiperonista. El gobierno disolvió al Partido Peronista e intervino la CGT luego de la convocatoria a una
huelga general.
El gobierno suprimió los controles de cambio y la comercialización de las exportaciones con intervención estatal y aplicó fuertes devaluaciones que beneficiaron a la burguesía agraria más concentrada. También congeló los salarios y suprimió todo subsidio al consumo de los sectores populares. Mantuvo la política petrolera y, aunque no impulsó ningún plan para atraer inversiones extranjeras, el gobierno gestionó y logró la incorporación de la Argentina
al Fondo Monetario Internacional (FMI), situación que abrió nuevas posibilidades de financiamiento externo. Como resultado de
estas medidas, los años de gobierno militar significaron un estancamiento del sector industrial y una importante transferencia de ingresos hacia el sector agropecuario. Sin embargo, la falta de un plan económico con objetivos definidos tuvo como resultado, hacia 1958, saldos cada vez más deficitarios de la balanza comercial y una inflación descontrolada.
Bajo el control del general Aramburu y el almirante Rojas,
el gobierno dictó varios decretos que tenían como finalidad
desintegrar al peronismo como fuerza política y social. Además de la disolución del Partido Peronista, decretó también
la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y gremiales
que hubieran participado del gobierno de Perón. Las autoridades militares confeccionaron listas de dirigentes, delegados y militantes, que fueron encarcelados.
Una vez intervenida la CGT, las sedes de los gremios fueron controladas por fuerzas de seguridad. También suspendieron las convenciones colectivas de trabajo, lo que privó a los trabajadores de negociar mejoras salariales en u n período en el que su poder adquisitivo decaía a causa de la inflación.
Frente a esta situación de represión y deterioro salarial, los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia. Muchos reaccionaron rebelándose contra la prohibición del peronismo. Realizaban actos relámpago en las calles, en los que cantaban la marcha peronista, arrojaban volantes favorables a Perón y, luego, se retiraban rápidamente.
Otros se nuclearon en los llamados “comandos de la resistencia
peronista”. Estos fueron pequeños grupos que surgieron en todo el
país, poco después de producido el golpe militar, en forma casi espontánea dentro de las organizaciones de base ya existentes. Una
gran parte de sus conductores fueron dirigentes de segunda o tercera línea que habían escapado del encarcelamiento, por no ser muy
conocidos. Los comandos de la resistencia más audaces comenzaron
a organizar sabotajes y elevar el tono de las protestas, haciendo estallar, en diversos lugares, explosivos de fabricación casera, a los que llamaban “caños”.
Foto 1: Manifestantes celebran el derrocamiento de Perón
Foto 2: El Almirante Isaac Rojas y el General Pedro Aramburu
